La Comisión Europea planteará una edad mínima para acceder a las redes sociales y servicios digitales

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, plantea que las personas menores de 13 años solo puedan crear cuentas en redes sociales con supervisión parental y que niños y niñas no estén expuestos a pantallas hasta los tres años.
El informe de personas expertas «Child Safety Online», encargado por Bruselas apuesta por un acceso gradual de menores, en función de su edad.
La propuesta legislativa todavía deberá elaborarse. Von der Leyen confirmó que la Comisión presentará un texto después del verano de 2026, previsiblemente durante el inicio del nuevo curso político europeo.

La Comisión Europea planteará una edad mínima para acceder a las redes sociales y servicios digitales

La protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales ha pasado a ocupar un lugar prioritario en la agenda política europea. Tras meses de debate y de presión por parte de numerosos Estados miembros, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha respaldado públicamente la creación de una edad mínima común para acceder a las redes sociales y determinados servicios digitales, proponiendo restringir su acceso a las personas menores de 13 años.

El anuncio, realizado durante la presentación del informe «Child Safety Online» (.pdf) elaborado por un panel independiente de personas expertas, supone uno de los pasos más relevantes dados hasta ahora por la Unión Europea para establecer un marco común que proteja a la infancia frente a los riesgos de internet.

Aunque todavía no existe una propuesta legislativa definitiva, Bruselas ya ha confirmado que presentará una iniciativa después del verano de 2026, con el objetivo de armonizar la regulación entre los 27 Estados miembros y evitar que cada país establezca normas diferentes.

Un cambio de paradigma en la protección digital

Durante años, la Unión Europea ha centrado sus esfuerzos en exigir a las grandes plataformas digitales que protejan mejor a los menores mediante el Reglamento de Servicios Digitales (DSA). Sin embargo, la experiencia ha demostrado que muchas de las medidas implantadas por las propias plataformas han resultado insuficientes.

Las personas expertas encargadas por la Comisión Europea consideran que la responsabilidad no puede recaer únicamente en las familias ni en los propios menores. En su opinión, son las empresas tecnológicas quienes deben demostrar que sus servicios son seguros antes de permitir el acceso de los más pequeños.

El informe propone invertir la carga de la prueba:

«Hasta que demuestren que sus servicios son seguros por diseño, las redes sociales y otros proveedores de servicios digitales deberían tener restringido el acceso a los menores de 13 años.»

Este enfoque supone un cambio importante respecto al modelo actual, basado principalmente en condiciones de uso que los propios menores pueden eludir simplemente indicando una fecha de nacimiento falsa.

La comparación de Von der Leyen: conducir o comprar alcohol

Durante la presentación del informe, Ursula von der Leyen recurrió a una comparación muy gráfica para explicar la necesidad de establecer una edad mínima común. En palabras de la presidenta de la Comisión Europea:

«Del mismo modo que no les damos a nuestros hijos las llaves del coche antes de que tengan el carné de conducir ni les dejamos comprar alcohol hasta que la ley se lo permita, debemos fijar la edad a partir de la cual pueden acceder legalmente a las redes sociales.»

La dirigente alemana quiso transmitir la idea de que el acceso a determinadas tecnologías no puede entenderse únicamente como un derecho, sino también como una cuestión de madurez y desarrollo evolutivo.

Añadió además otra reflexión especialmente significativa:

«La infancia es un periodo de desarrollo cerebral extraordinario y delicado.»

Con ello, la Comisión Europea asume parte de la evidencia científica acumulada durante los últimos años sobre el impacto que determinadas dinámicas digitales, como el desplazamiento infinito (infinite scroll), los algoritmos de recomendación o las notificaciones constantes, pueden tener sobre la atención, el bienestar emocional y la salud mental de la población infantil y adolescente.

Vídeo: Von der Leyen defiende limitar por edad el acceso de menores a redes sociales, vía: elconfidencial.com

Un acceso gradual en función de la edad

Lejos de plantear una prohibición absoluta de internet para los menores, el informe apuesta por un modelo progresivo que adapte el acceso a la madurez de cada etapa del desarrollo.

Las principales recomendaciones incluyen:

Ninguna exposición a pantallas antes de los 3 años.
Entre los 3 y los 13 años, acceso únicamente bajo supervisión de padres, madres, personas cuidadoras o profesorado y durante un tiempo limitado.
A partir de los 13 años, acceso gradual únicamente a aquellos servicios considerados «seguros por defecto».
Restricciones progresivamente menores hasta la mayoría de edad.

Este modelo también diferencia entre distintos tipos de servicios digitales, ya que no todos presentan el mismo nivel de riesgo. Plataformas educativas, servicios de comunicación familiar o determinadas aplicaciones podrían recibir un tratamiento diferente al de redes sociales diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia del usuario mediante sistemas de recomendación automatizados.

¿Qué significa «seguros por defecto»?

Uno de los conceptos centrales del informe es el de los servicios digitales «safe by default» o «seguros por defecto». Esto implica que las plataformas deberían incorporar desde su diseño medidas específicas de protección para menores, entre ellas:

Desactivar por defecto los algoritmos de recomendación más adictivos.
Eliminar o limitar el desplazamiento infinito.
Reducir la reproducción automática de contenidos.
Restringir la personalización basada en perfiles.
Minimizar las notificaciones.
Ofrecer configuraciones de privacidad especialmente reforzadas.

La Comisión Europea ya ha abierto investigaciones contra algunas grandes plataformas precisamente por considerar que ciertos diseños pueden favorecer comportamientos adictivos entre menores.

La verificación de edad, uno de los grandes retos

Uno de los aspectos más complejos será comprobar de forma fiable la edad de quienes acceden a estos servicios. Actualmente, la mayoría de las plataformas permiten registrarse simplemente indicando una fecha de nacimiento. La Comisión considera que este sistema resulta claramente insuficiente.

Por ello, Bruselas trabaja desde hace meses en mecanismos europeos de verificación de edad compatibles con la privacidad, que permitan confirmar que una persona supera una determinada edad sin necesidad de revelar su identidad completa. El objetivo es evitar tanto el fraude como una recopilación excesiva de datos personales, especialmente cuando se trata de menores.

¿Cuándo llegará la propuesta?

Aunque el informe ya ha sido entregado, la propuesta legislativa todavía deberá elaborarse. Von der Leyen confirmó que la Comisión presentará un texto después del verano de 2026, previsiblemente durante el inicio del nuevo curso político europeo.

Posteriormente comenzará la negociación con el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, un proceso que previsiblemente se prolongará durante varios meses antes de convertirse en una norma de aplicación obligatoria.

¿Por qué la Unión Europea quiere armonizar las normas?

Uno de los motivos principales es evitar la fragmentación normativa. En los últimos meses varios países han anunciado iniciativas propias:

Francia plantea fijar los 15 años para determinadas plataformas.
Suecia estudia restricciones similares.
Grecia trabaja en una regulación específica para redes sociales.
España también impulsa cambios legislativos.

Si cada país establece edades diferentes, las plataformas digitales tendrían que aplicar normas distintas según el territorio, generando inseguridad jurídica y dificultando el cumplimiento efectivo. Una regulación europea permitiría ofrecer un marco común para todo el mercado digital europeo.

¿Cómo afecta esta propuesta a España?

España se encuentra entre los países que más han impulsado una regulación europea. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a comienzos de este año una iniciativa todavía más restrictiva que la planteada ahora por la Comisión Europea.

Durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái afirmó que España prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años y obligará a las empresas tecnológicas a implantar sistemas efectivos de verificación de edad.

Por tanto, la propuesta europea de fijar el umbral en los 13 años no sustituye automáticamente la posición española.

En principio, Bruselas pretende establecer una base común para toda la Unión Europea, mientras que los Estados miembros podrían mantener o aprobar normas nacionales más estrictas siempre que sean compatibles con el Derecho europeo.

Un debate que va mucho más allá de la edad

La discusión pública suele centrarse en fijar una edad concreta: 13, 14, 15 o 16 años, pero las propias personas expertas insisten en que el verdadero problema no reside únicamente en cuándo acceder, sino en cómo están diseñados muchos servicios digitales.

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Los algoritmos de recomendación, la captación constante de la atención, la monetización basada en el tiempo de permanencia y la recopilación masiva de datos personales afectan especialmente a una población que todavía está desarrollando sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.

Por ello, numerosos especialistas defienden que limitar la edad de acceso, siendo una medida relevante, debe ir acompañada de otras actuaciones:

Educación para la ciudadanía digital.
Alfabetización mediática.
Acompañamiento familiar.
Responsabilidad de las plataformas.
Diseño tecnológico respetuoso con los derechos de la infancia.

Más allá de establecer una cifra concreta, el verdadero desafío consiste en construir espacios digitales que respeten el desarrollo evolutivo de niñas, niños y adolescentes. La tecnología forma parte de sus vidas y seguirá haciéndolo. El reto es garantizar que puedan aprovechar sus oportunidades minimizando los riesgos y ejerciendo plenamente sus derechos digitales.