La DSA, Reglamento Europeo de Servicios Digitales, y la protección de menores de edad

Qué exige a las plataformas, desde cuándo se aplica y qué aporta a la privacidad, la seguridad y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La DSA, Reglamento Europeo de Servicios Digitales, y la protección de menores de edad

Una adolescente recibe recomendaciones cada vez más insistentes sobre un tema que le preocupa. Un niño recibe un mensaje de alguien a quien no conoce. Una familia intenta denunciar una publicación y no entiende cómo hacerlo. La protección en estas situaciones depende también de cómo se ha diseñado el servicio y de cómo responde la empresa que lo gestiona.

Qué es la DSA y de dónde viene

La DSA, siglas de Digital Services Act, es el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea. Su origen está en la propuesta presentada por la Comisión el 15 de diciembre de 2020 para actualizar las responsabilidades de los intermediarios digitales ante la expansión de las plataformas. Busca un entorno más seguro, transparente y respetuoso con los derechos fundamentales. Es un reglamento directamente aplicable, aunque su ejecución necesita autoridades y mecanismos nacionales.

DSA Esquema Gráfico PantallasAmigas

Las fechas que conviene distinguir

Entrada en vigor y aplicación general son hitos diferentes. Esta es la cronología básica del Reglamento (UE) 2022/2065.

15 de diciembre de 2020: La Comisión Europea presentó la propuesta.
19 de octubre de 2022: Fecha del Reglamento aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo.
27 de octubre de 2022: Publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
16 de noviembre de 2022: Entrada en vigor, veinte días después de su publicación.
Agosto de 2023: Aplicación anticipada a las primeras plataformas y buscadores designados de muy gran tamaño, cuatro meses después de su notificación.
17 de febrero de 2024: Aplicación general de la DSA.

La DSA alcanza a servicios intermediarios que se ofrecen a personas situadas en la UE, aunque la empresa esté fuera de ella. Las obligaciones varían según el servicio y su tamaño; no todos los sitios web, aplicaciones o herramientas de IA tienen las mismas responsabilidades.

Una protección específica para menores de 18 años

El artículo 28 exige a las plataformas accesibles a menores medidas adecuadas y proporcionadas para asegurar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección. Esta obligación tiene excepciones para microempresas y pequeñas empresas, salvo si han sido designadas de muy gran tamaño. Esas excepciones no las excluyen de toda la DSA ni del resto de normas aplicables.

Su importancia educativa es clara: las medidas de protección deben formar parte del servicio. La configuración familiar puede ayudar, pero la responsabilidad de la empresa no puede depender únicamente de que cada hogar encuentre y active todos los controles.

Publicidad basada en perfiles personales

Las plataformas sujetas a esta obligación no pueden mostrar publicidad basada en perfiles elaborados con datos personales cuando saben con una seguridad razonable que la persona es menor de edad. Por ejemplo, no deberían utilizar su actividad para construir un perfil comercial con el que dirigirle anuncios. La prohibición se refiere a ese uso de los perfiles; no elimina toda la publicidad. Identificar y comprender los mensajes comerciales sigue siendo necesario.

El diseño de las plataformas también importa

Las directrices de la Comisión publicadas el 14 de julio de 2025 concretan medidas para aplicar la protección prevista en la DSA. Entre sus recomendaciones destacan:

Privacidad desde el inicio, con cuentas de menores privadas por defecto y menos exposición a contactos no deseados.
Herramientas accesibles para bloquear o silenciar a otras personas y evitar la incorporación a grupos sin consentimiento.
Cambios en las recomendaciones para reducir la exposición a contenidos perjudiciales y las cadenas que insisten en un mismo tema.
Desactivar por defecto funciones que favorecen el uso excesivo, como reproducción automática, rachas o determinadas notificaciones.
Salvaguardas para los chatbots de IA integrados en plataformas.

La distinción jurídica es importante: las directrices contienen recomendaciones no vinculantes. La obligación legal de protección procede de la DSA. La Comisión las utiliza como referencia para evaluar el cumplimiento; seguirlas tampoco garantiza automáticamente que una empresa cumpla. Por eso no sería preciso afirmar que cada medida de esta lista es una prohibición universal e idéntica para cualquier servicio.

Qué cambia en los sistemas de recomendación

Las plataformas y buscadores designados de muy gran tamaño deben evaluar y reducir riesgos sistémicos, incluidos los que afectan a los derechos de la infancia y al bienestar físico y mental. También tienen obligaciones de auditoría. Cuando utilizan sistemas de recomendación, han de ofrecer al menos una opción que no se base en perfiles de las personas usuarias.

Para una familia, esto abre una pregunta práctica: ¿podemos elegir otra forma de ordenar lo que aparece? Una opción sin perfiles no garantiza por sí sola que todo el contenido sea adecuado, pero permite intervenir sobre una parte de la experiencia. Conviene probarla con la persona adolescente y escuchar cómo cambia lo que recibe.

Comprobar la edad cuidando la privacidad

La garantía de la edad busca adaptar el acceso y las protecciones al riesgo. Las orientaciones europeas recomiendan métodos precisos, fiables y proporcionados, con especial atención al contenido para personas adultas. El reto consiste en acreditar lo necesario sin convertir cada acceso en una identificación completa.

El artículo 28 no impone tratar datos personales adicionales para determinar si alguien es menor. La DSA tampoco establece por sí sola una edad mínima única para todas las redes sociales: deben distinguirse sus obligaciones de otras normas y de las condiciones del servicio.

Denunciar y reclamar con vías comprensibles

La DSA refuerza los mecanismos para notificar contenidos ilícitos y cuestionar decisiones de moderación. Cuando un servicio se dirige principalmente a menores o es utilizado predominantemente por ellos, sus condiciones y restricciones deben explicarse de forma que puedan comprenderlas. Una vía de reclamación difícil de localizar o de entender pierde utilidad precisamente para quienes necesitan más apoyo.

En España, la CNMC es el Coordinador de Servicios Digitales. Una persona usuaria situada o establecida en España puede reclamar ante ella por un posible incumplimiento de la DSA. Esto es diferente de recurrir una decisión de moderación mediante el sistema interno de la plataforma o acudir a un órgano de resolución extrajudicial. La CNMC no retira contenidos ni actúa como tribunal de apelación de cada publicación; una reclamación tampoco garantiza que se revierta una decisión individual.

Del texto legal al cumplimiento efectivo

La supervisión se reparte entre autoridades nacionales y Comisión Europea, con competencias específicas de esta última sobre los servicios de muy gran tamaño. El marco prevé multas por incumplimientos que pueden alcanzar el 6 % del volumen de negocios anual mundial del proveedor. La apertura de una investigación no equivale a una infracción acreditada ni a una sanción definitiva.

El valor de la norma se comprobará en los resultados: respuestas útiles a las denuncias, ajustes que funcionen, menos exposición a riesgos y explicaciones que se entiendan. Tener un control parental o anunciar una nueva protección es un punto de partida; su eficacia necesita evaluación y rendición de cuentas.

Qué pueden hacer familias y profesionales

La DSA puede convertirse en una herramienta de educación para la ciudadanía digital. Estas son algunas propuestas para llevarla a la práctica:

Revisar juntos quién puede contactar, añadir a grupos o ver las publicaciones de una cuenta.
Explorar los ajustes de recomendaciones y descanso, y conversar sobre cuándo una aplicación invita a seguir más de lo deseado.
Ensayar cómo bloquear y denunciar sin esperar a que aparezca un problema. Guardar la referencia de la reclamación cuando se produzca.
Escuchar a niñas, niños y adolescentes: qué les ayuda, qué no entienden y qué protecciones les resultan insuficientes.

Esa participación ya tiene un ejemplo cercano: el Observatorio de Derechos de la Infancia en el Entorno Digital, impulsado por la Plataforma de Infancia y PantallasAmigas, recogió en 2025 análisis y propuestas de adolescentes sobre las aplicaciones que utilizan. Su experiencia aporta información que las decisiones de diseño y regulación necesitan considerar.

Proteger a la infancia en internet exige combinar responsabilidad empresarial, supervisión pública y educación. La DSA aporta obligaciones y vías para exigirlas. El objetivo es que niñas, niños y adolescentes puedan aprender, relacionarse, crear y participar en espacios que respeten sus derechos y su autonomía progresiva.